Resumen: Deducibilidad de los intereses de demora en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
Resumen: Desestimación del recurso de casación, fijándose como jurisprudencia que el transcurso de los plazos estipulados en el artículo 27.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado hayas solicitado dicha convocatoria, provocará el decaimiento de la reserva y su correspondiente afectación al servicio público de radio o televisión. La aplicación en el caso de autos del párrafo 2 del artículo 27.4 LGCA no constituye un supuesto de retroactividad auténtica prohibida. Normas de desarrollo o modificaciones parciales no equivalen a la aprobación de un nuevo Plan Técnico Nacional.
Resumen: RECURSO DE QUEJA. ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO UNIFICADOR PRESENTADO FUERA DE PLAZO. HABILIDAD DEL MES DE AGOSTO PARA LOS PROCEDIMIENTOS POR DESPIDO E IRRELEVANCIA A TALES EFECTOS DE LO RECOGIDO EN EL RDL 16/2020 EN RELACIÓN LOS DÍAS HÁBILES E INHÁBILES. SE DESESTIMA.
Resumen: PRECARIO. Recurso de casación formulado al amparo del art. 477.2.1.º LEC. Alegación de una modalidad del recurso que no es la procedente (art. 483.2.2.º de la LEC en relación con el art. 477.2.3 LEC; falta de acreditación del interés casacional; carencia manifiesta de fundamento (art. 483.2.4.º LEC ya que plantea una cuestión ajena a la "ratio decidendi" de la sentencia recurrida.
Resumen: Recurso de queja. Desestimación. Resolución de juzgado no recurrible en casación.
Resumen: La recurrente pretende que el inicio de la vida útil de su instalación debe ser la fecha en que se aprueba el acta de reconocimiento final de obras e instalaciones del aprovechamiento hidráulico y autoriza la explotación en base al artículo 115.4 del Real Decreto 849/1986. En el caso de que las instalaciones requieran varias autorizaciones sectoriales distintas deberá de tomarse como fecha inicial para el computo de su vida útil regulatoria la fecha en que se concedió la última autorización administrativa necesaria para permitir la explotación comercial de las instalaciones eléctricas vertiendo energía a la red. Normalmente será la autorización de explotación, equiparada al acta de puesta en marcha del sector eléctrico, pero cuando se requieran varios títulos habilitantes concurrentes, como es el caso de las instalaciones hidroeléctricas en las que la explotación y puesta en marcha efectiva no puede producirse hasta que se obtiene el acta de reconocimiento final de las obras. De modo que no podrá empezar a computarse la vida útil de una instalación cuando todavía no se hayan concedido todas las autorizaciones necesarias para que puedan iniciar de forma efectiva la explotación. Habrá que atender a la normativa eléctrica y sectorial específica para determinar la fecha en que se autorizó explotación. Procede la sustitución del Código IT con efecto desde 18-9-2013, fecha de la puesta efectiva. Si bien, la indemnización se determinará en ejecución de sentencia.
Resumen: Por sentencia de instancia se estimó la excepción de falta de legitimación activa de Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada y CSIF, sin pronunciarse sobre la demanda de conflicto colectivo en que se solicitaba se declarara no ajustado a derecho el ERTE Covid-19. La Sala 4 confirma la sentencia de instancia, por entender: 1) Que la modalidad de conflicto colectivo es adecuada para impugnar el ERTE por fuerza mayor Covid-19 operado en la empresa Ilunión SA respecto de los servicios de seguridad, ya que no es objeto de impugnación la resolución administrativa (en el caso se estimó por silencio positivo), sino la decisión empresarial de suspensión de contratos de trabajo; 2) Que siendo adecuado el procedimiento de conflicto colectivo, los sindicatos no tienen legitimación para interponer el mismo, ya que el ERTE afectó a los centros de trabajo en los aeropuertos de Barajas, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Barcelona, y no a todos los centros de la empresa, teniendo Alternativa Sindical representantes en el comité de empresa de Galicia y Valencia, un delegado sindical en Asturias y una delegada a nivel estatal, pero no tiene miembros en los comités de empresa de los centros afectados, sin que CSIF tenga representante en el comité intercentros, por lo que no tienen implantación suficiente en el ámbito del conflicto.
